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Reflexiones sobre la garantía de los DESCA en la Constitución de la provincia de Buenos Aires

Reflexiones sobre la garantía de los DESCA en la Constitución de la provincia de Buenos Aires | Artículo de Opinión

Por Guillermo F. Rizzi

“Breves reflexiones sobre la garantía de los DESCA en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, a mas de 20 años de su reforma”.

He sostenido siempre que resulta importante repasar las garantías constitucionales aportando sensibilidad social al frío análisis del Derecho.  En esta oportunidad reflexiono sobre el camino que debe seguir el derecho administrativo con pleno carácter local, publico y provincial, a más de veinte años de la reforma constitucional bonaerense de 1994.

Bonina y Diana en “La deconstrucción del derecho administrativo”, México, Novum (2012), aclaran que “La función del derecho administrativo no es garantizar el statu quo, sino el hacer efectivos los derechos reconocidos por nuestra ley fundamental al ciudadano”.  Alejandro Nieto, en 1975, escribía que “…lo que caracteriza de veras un sistema normativo no es tanto lo que realmente se aplica como lo es lo que no se aplica: si queremos descubrir el auténtico sentido de nuestro Derecho administrativo, tendremos que analizar la parte del mismo que duerme en los mausoleos del Boletín Oficial, así como las causas de su inaplicación. Dicho con otras palabras: el Derecho administrativo no debe limitarse a estudiar la forma (legal o ilegal) que tiene la Administración de aplicar las normas, sino que debe extender su análisis a la propia inaplicación de tales normas (la llamada inactividad administrativa), que es una de las formas más refinadas de ilegalidad.” (fragmento de “La vocación del Derecho Administrativo de nuestro tiempo”, RAP Nº 76 ene-abr 1975). Según Molas, el Estado Social de Derecho “es aquel que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, que divide el ejercicio de los poderes del Estado en diferentes instituciones u órganos y que subordina la actuación de éstos a la ley, en cuanto expresión de voluntad del Pueblo” (“Derecho Constitucional” – 1998 – España).

El Estado en función social debe respetar los derechos fundamentales, entre ellos hay derechos que nos igualan, como el acceso a la salud. El mismo no debe dividirse en clases sociales y, aún cuando así fuera, nuestras Constituciones deben establecer límites claros que no puedan sobrepasarse legalmente. La alimentación, la vestimenta, la vejez, la vivienda, la protección de los sectores desaventajados en la realidad social, me llevan también a reflexionar sobre la idea que en el S. XXI son pocos los deberes que pueden exigirse en la Constitución de un Estado Social y Democrático, se trata más bien de un Estado de Derechos.

En la actual Constitución de la provincia de Buenos Aires (1994), podemos encontrar disposiciones como las contenidas en los arts. 3 (Tribunal Social de Responsabilidad Política); 11 (igualdad, participación); 12 y 13 (vida, salud, libertad de expresión, dignidad, información y vivienda, entre otros); 15 (tutela judicial y administrativa continua y efectiva – acceso irrestricto a la Justicia); 28 (conservación y recuperación del medio ambiente); 36 (eliminación de obstáculos a los DESC); 38 (educación para el consumo); 39 (pleno empleo, derechos de la Seguridad Social, organismo imparcial); 40 al 43 (regímenes de seguridad y previsión social); 45 (impide delegación de facultades); 55 (Defensor del Pueblo); 57 (derechos que, por ser restrictivos, no pueden ser aplicados por los jueces -relacionado al control de constitucionalidad de oficio-); y el 166 que establece la Justicia Contencioso Administrativa.

El artículo 20, por su parte, es el que regula los llamados “procesos urgentes”, reconocidos como aquellos destinados a la protección rápida y expedita en sede judicial de las personas privadas de su libertad (hábeas corpus), del acceso y/o divulgación de sus propios datos (hábeas data); y de la acción u omisión ilegítima y arbitraria del Estado (de sus tres poderes –o funciones-) a través de la acción constitucional de amparo. El amparo había nacido en Argentina de manera pretoriana, lo que hace que reconozcamos 4 etapas en su evolución: 1. negatoria –antes de 1957 y los casos “SIRI” y “KOT”-; 2. jurisprudencial –desde 1957-; 3. legislativa –desde 1966-; 4. constitucional –desde 1994-.

Hoy, a más de 50 años del nacimiento de esta tutela (así la llaman en los países donde no existe como “amparo”), está en pleno desarrollo la idea de llevar a cabo una protección rápida y expedita de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a través de acciones colectivas que, aún más de veinte años después de la reforma, se encuentran en plena etapa “constitucional-jurisprudencial” pero, al mismo tiempo, sin que las respalde un acceso pleno y efectivo a la jurisdicción. Lograrlo, garantizará el objetivo de cumplir con la manda constitucional argentina del año 1.853: “afianzar la Justicia y promover el bienestar general”.-

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