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La salud del presidente ¿Tema privado o de interés público?

La salud del presidente ¿Tema privado o de interés público? | Artículo de Opinión

Por: Julio Ríos

La noche del domingo 24 de enero se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagió del temible COVID19. Lejos de los mensajes de odio que desató en redes sociales –los cuales no apruebo, pues la mezquindad de desear lo peor a cualquier persona no se justifica bajo ningún motivo-me quisiera centrar en un asunto que ha vuelto a la palestra: ¿La salud del presidente es un tema privado o de interés público?

En la víspera, se informó que los secretarios Marcelo Ebrard (de Relaciones Exteriores)  y Tatiana Clouthier (de Economía), así como el supersubsecretario con potestades de secretario de salud de facto, Hugo López Gatell Ramírez, se confinaron porque tuvieron contacto cercano con el presidente.

El mismo Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro tuvo que hacerse la prueba pues se reunió con AMLO la semana pasada. A su vez, el mandatario jalisciense acudió el viernes 22 de enero a un conclave otros nueve gobernadores en Saltillo, Coahuila.

Es decir, la salud del presidente no es cosa menor, tanto por las responsabilidades y atribuciones de su investidura, como por las labores que realiza y por las personas con las que se reúne. En el caso de que los presidentes solo infecten sólo a las a pocas personas que recibe en Palacio Nacional, aún así podemos decir que tiene una fuerza, no solo moral de contagio como dijo López Gatell en el afán de congraciarse con su jefe, sino una fuerza de contagio que impacta a personajes cuyas labores son  de importancia para el funcionamiento del país.

Muchos dicen que es de zopilotes andar especulando qué puede ocurrir si el presidente falta. Pero creo que es entendible que tengamos que prospectar las posibles consecuencias  y los escenarios políticos y constitucionales y legales en caso de una licencia o una ausencia del presidente, que nadie desea y a nadie le conviene. Es un tema de fundamental importancia porque se trata una persona mayor, que 2013 sufrió un infarto.

Ahora. Es cierto que la salud es un dato personal sensible, porque se refiere a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, en términos del numeral X del artículo 3 de la ey General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Sin embargo al hablar de una personalidad pública, existen criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Tristán Donoso contra Panamá) y tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Agosto de 2012, Décima Época, de la ponencia de Arturo Zaldivar) en los que, para decirlo simple y llano, se determina que la esfera de privacidad de un funcionario público se va reduciendo conforme a la magnitud de sus responsabilidades.

Aquí hablamos de quien ocupa la titularidad del ejecutivo, es decir, nadie con mayor responsabilidad en ese Poder.

Es un debate viejo. Ya ocurrió con Vicente Fox, de quien se dijo que tomaba antidepresivos y quien según un célebre libro del periodista de investigación José Gil Olmos (que nunca fue desmentido) le habrían suministrado, a hurtadillas, gotas de una sustancia parecida al Toloache en sus alimentos.  También la periodista Carmen Aristegui llegó a deslizar la posibilidad de una afición al alcohol del presidente Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto se especuló que tenía cáncer, aunque en realidad se le extirpó la vesícula y se le quitó un nódulo de la tiroides.

Efectivamente, estamos en un escenario de colisión de dos derechos fundamentales: la privacidad de la persona y el interés público de la sociedad. Y en la ponderación por supuesto que sale ganando el interés público.

Sobre todo porque se trata de personajes deliberadamente públicos, es decir a quienes nadie obligó a aceptar esta alta responsabilidad de gobierno.

En otros países, ya se ha publicado, con el aval respectivo y para aclarar dudas, todo lo relacionado con la salud de los mandatarios. Por ejemplo, en Colombia el presiente Juan Manuel Santos abrió su historial clínico a la ciudadanía. Él lo decidió así como titular legítimo de  esa información, porque recordemos que el dato personal tiene un titular. Me refiero al ciudadano del cual se trate. Y cada individuo puede darlo a conocer si así lo desea. No existe impedimento.

Que el presidente de la República, en un ejercicio de alta política, digno de una democracia liberal, y por ende su gabinete, informe a la población sobre su estado de salud sería una práctica muy positiva.

Aún así, no es suficiente dejarlo a contentillo de cada funcionario. Lo ideal sería legislarlo, para que quien quiera entrarle a estos menesteres, sepa que es lo ideal dar a conocer de manera frecuente su estado de salud, así como se publica la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, mejor conocida como la #3de3.

 

www.juliorios.com.mx

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